Miles de menores que han tenido que emigrar desde Venezuela enfrentan riesgos y amenazas en su camino. Urge que el Estado colombiano ayude a garantizar sus derechos. Así lo veremos en los cuatro ejes de este artículo.

Datos inadecuados e insuficientes.
Para atender esa población hay que precisar su alcance, problemáticas y asuntos que involucra. La falta de información precisa tiene negativas consecuencias en su protección.

Riesgos, amenazas, muertes
Menores de edad que salen forzados de Venezuela, enfrentan condiciones de viaje precarias. Grupos armados ilegales los someten a violencias como extorsión, reclutamiento forzado, explotación sexual. Quienes sobreviven sufren miedo, rabia, desesperanza, depresión, y ven pocas posibilidades para su integración. Cuando logran alguna inserción, enfrentan inestabilidad laboral, desplazamiento, explotación, discriminación, xenofobia.

Acceso a educación y salud
El Estado colombiano ha respondido con diversas medidas, pero ha tenido muchas dificultades para garantizar los derechos de los migrantes. Desde 2015, se ha insistido en que se les debe garantizar la educación preescolar, básica y media, no se les puede negar la matrícula a quienes se encuentren en situación migratoria irregular

Regularización migratoria
En Venezuela es casi imposible acceder o renovar documentos de identificación, dificultando la regularización de la situación migratoria. En 2017, Colombia creó los permisos especiales de permanencia (PEP), otorgados si habían ingresado por un puesto de control migratorio autorizado y tenían pasaporte sellado. No preveía trato especial para menores.

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