Las mujeres migrantes enfrentan una realidad desafiante en Colombia. De los casi tres millones de personas venezolanas que residen en el país, un poco más de 500.000 están en situación irregular. De ellas, el 31,9 % son mujeres. De ahí que ser mujer migrante irregular implica una serie de retos como la violencia de género, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a servicios de salud, la discriminación y, en ocasiones, la inserción a economías informales que la expone a situaciones vulnerables y riesgosas.

El más reciente Análisis de Situación de Población (ASP) realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), alerta sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva para las mujeres migrantes en Colombia: el 51% de las migrantes afirmó no poder acceder a este tipo de servicios de salud.

Esta situación empeora al no estar regularizadas debido a que, por cuenta de su condición jurídica, no pueden acceder a las EPS. Aun así, tanto las mujeres regularizadas como las irregulares enfrentan barreras a la hora de acceder a la salud sexual y reproductiva, con la agravante de que las que están en situación irregular se exponen más a vulnerabilidades.

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