Dos semanas en suspenso llevan las familias de los 237 migrantes venezolanos que fueron trasladados por Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, la cárcel de máxima seguridad creada por el presidente Nayib Bukele para encerrar a pandilleros. No han sabido de ellos desde el día que varios de ellos conversaron con sus familias para informar que serían deportados en un vuelo a Venezuela y después aparecieron en el país centroamericano. El nuevo envío este lunes de otros 17 migrantes al Cecot encendió las alarmas.

El Gobierno venezolano ha emprendido una cruzada de defensa de los deportados a El Salvador. Se han organizado actos públicos, recolecciones de firmas y marchas para rechazar las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos a los que han sido sometidos. También se contrató un bufete de abogados en El Salvador para su defensa. Este fin de semana, Nicolás Maduro aseguró que había hablado con secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, para pedir que actúen en favor de los más de 200 migrantes “secuestrados” en El Salvador.

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