La reciente expulsión de migrantes venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador bajo la sospecha de vínculos con el Tren de Aragua ha generado preocupación en organizaciones defensoras de derechos humanos. Human Rights Watch (HRW) ha advertido que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales y fueron expulsados sin el debido proceso.

Según Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, estas acciones forman parte de una política de criminalización de migrantes impulsada por la administración de Donald Trump, que ha utilizado la supuesta presencia de esta organización criminal para justificar medidas restrictivas en materia migratoria.

HRW ha denunciado que la estrategia del gobierno de Trump se basa en estigmatizar a los venezolanos en situación irregular, vinculándolos con actividades ilícitas sin pruebas suficientes. La organización sostiene que, aunque es legítimo actuar contra quienes cometen delitos, la generalización de acusaciones sin sustento es una violación a los derechos fundamentales de los migrantes.

La experta añadió que esta narrativa ha servido para justificar la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la deportación expedita de cientos de personas, algunas incluso enviadas a centros de detención como Guantánamo.

Uno de los puntos más preocupantes para HRW es la ausencia de un proceso legal adecuado en las expulsiones recientes. Según Goebertus, varios migrantes fueron detenidos y deportados sin derecho a presentar pruebas de su inocencia ni acceder a un proceso de apelación.

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