El anuncio de la presidenta Dina Boluarte sobre una propuesta de seguimiento financiero a las remesas enviadas por ciudadanos venezolanos residentes en Perú ha suscitado una intensa controversia. La iniciativa, que también pretende controlar los contratos laborales y de alquiler de estos migrantes, ha sido considerada inconstitucional y discriminatoria por diversos expertos en derecho y activistas de derechos humanos. Analistas advierten que la medida podría vulnerar principios fundamentales, como la igualdad y el secreto bancario.

En su declaración, Boluarte explicó que el Poder Ejecutivo colaborará con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para supervisar el envío de divisas y las condiciones de trabajo de los venezolanos en el país.

Según la mandataria, cada venezolano que supuestamente trabaja legalmente deberá presentar un contrato laboral y de alquiler para justificar sus ingresos. Este plan se basa en la intención de rastrear el origen de los fondos que salen de Perú hacia Venezuela.

El abogado penalista Jorge Zuñiga cuestionó la constitucionalidad de estas medidas. Aseguró que el seguimiento financiero de una persona representa una intromisión en su derecho al secreto bancario y la privacidad.

Además, Zuñiga subrayó que exigir estos controles solo a extranjeros, y específicamente a venezolanos, representa un trato discriminatorio que podría fomentar la xenofobia. Jorge Rodríguez, experto en derecho tributario, también coincidió en que la propuesta es inconstitucional, ya que otorga un trato diferenciado basado en la nacionalidad.

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