La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su periodo de sesiones ordinarias número 185, realizó la audiencia sobre la implementación de medidas cautelares para líderes sociales en Colombia. La sociedad civil como organizaciones de Derechos Humanos, lograron que el organismo hemisférico las escuchara y así crear un protocolo de protección para defensores y otros grupos encaminados a resguardar toda instancia social en Colombia. A partir de allí se recomendó implementar esas medidas cautelares a través de seis conceptos, que sobresalen por la situación que vive Colombia con la protección a líderes sociales. En primera medida, es la misma adopción del protocolo en su margen perimetral. Se le sugirió al Estado colombiano, no poner en duda o revaluar el riesgo que ya por muchos años ha determinado la CIDH. La Unidad Nacional de Protección (UNP) no debe evaluar con carácter de riesgo ordinario ni modificar unilateralmente las medidas. Por último, recalcar que los esquemas de protección deben estar conformados por grupos que brinden confianza, para que el accionar de la Fiscalía General de la Nación, sea un papel activo generando informes, investigaciones, así como identificar patrones y modus operandi.

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