Uno de los hitos cruciales de la frontera inició en 2015 cuando la frontera de puertas abiertas se cerró con muros legales imaginarios. Desde entonces, las huellas de los caminantes han marcado la tierra de las trochas, creando nuevos puentes de unión, pero también plagada de grupos al margen de la ley que veían en la historia compartida una oportunidad de negocio.
A pesar de ello, la regularización y la visión de una política de integración luchaban contra la economía del tráfico humano. Desde 2017, con la creación del Permiso Especial de Permanencia (PEP),los venezolanos volvieron a ser recibidos en la Gran Colombia como ciudadanos.
Sin embargo, a pesar de que un gran número de personas ya se había regularizado, el cambio de administración cambió el rumbo en busca de mejores condiciones, ya que el PEP no ofrecía seguridad al ecosistema. Así, se creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).
Sin embargo, con el cambio de gobierno, ha habido claras muestras de regresión en esta política de integración. A esto se suma que ya han pasado 19 meses desde que los venezolanos que han entrado al país no tienen opción de convertirse en ciudadanos para acceder a sus derechos y mucho menos para contribuir al desarrollo del país.
