Lejos de mostrar avances esperanzadores para departamentos como Norte de Santander, duramente golpeados por el conflicto y la violencia, las noticias que llegan desde la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln solo profundizan la preocupación, la zozobra e incertidumbre en la que viven comunidades, organizaciones, defensores de derechos humanos, líderes, sectores empresariales y económicos, así como las mismas autoridades del departamento.
Y es que el anuncio con el que sorprendió el lunes el Ejército de Liberación Nacional, de poner fin a su compromiso de no seguir secuestrando con fines extorsivos, revive el fantasma de un flagelo que golpeó duramente a esta región del país en el año 2023.
Según el noveno informe sobre las dinámicas de violencia en Norte de Santander, presentado semanas atrás por la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh), el año pasado en esta zona del país se presentaron 99 secuestros, de los cuales 48 fueron con fines extorsivos y los otros 51 simples. Solo en Cúcuta se registraron 15 casos, cuyo objetivo era obtener dinero por parte de los familiares de las víctimas.