Miles de venezolanos que no lograron llegar a Estados Unidos han iniciado un retorno forzado, enfrentando nuevas dificultades en su camino de regreso. En Panamá y Costa Rica, denuncian que los albergues destinados a brindarles refugio se asemejan más a centros de detención que a espacios de acogida.

Rechazando el encierro, muchos prefieren dormir en las calles o en playas, mientras intentan reunir el dinero necesario para continuar su viaje. Las autoridades, bajo presión internacional, han implementado políticas migratorias que limitan la movilidad de estas personas, generando una creciente tensión humanitaria en la región.

Las autoridades costarricenses y panameñas han establecido un esquema de traslado que conduce a los migrantes a zonas fronterizas donde permanecerán en albergues hasta encontrar una solución definitiva. Sin embargo, estos espacios han sido criticados por organizaciones de derechos humanos, que los consideran una forma de detención encubierta.

El flujo inverso de migrantes ha generado nuevas deudas para quienes intentan regresar. Los traslados en autobuses y lanchas implican costos elevados, sumando más dificultades a personas que ya llegan con recursos limitados.

Los expertos advierten que esta dinámica no resuelve el problema de fondo, sino que perpetúa un ciclo de precariedad y movilidad forzada. Diego Chaves, del Instituto de Política Migratoria, sostiene que la falta de una estrategia regional agrava la crisis y deja a millas de migrantes atrapados en el limbo.

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