Como cualquier campesino, Emil Rojas y su sobrino Jonathan comenzaron su jornada el 31 de enero apenas salió el sol. Fueron a encender la bomba del potrero para que el ganado tomara agua, pisaron una mina y sus cuerpos volaron en mil pedazos. Son dos de las ocho muertes de civiles reportadas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en los últimos días. Las primeras que se registran en mucho tiempo a causa de la explosión de minas antipersona en el Alto Apure, una población al sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, escenario de una guerra entre distintos grupos irregulares y el Ejército venezolano. En las comunidades de El Amparo, La Victoria, Caño La Colorada, Picas de Orichuna, asentadas en ese borde fluvial del Arauca, hay miedo. Nadie que viva en esos caseríos, sometidos a las leyes de grupos al margen de la ley, quiere hablar. “Hay mucho temor, los productores no quieren entrar a sus fincas, algunos han cruzado a Colombia para resguardarse”, dice Andrés Calderón, presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure, basada en la capital de ese mismo Estado llanero, separada por más de 400 kilómetros de la caliente frontera. La producción en el campo ha sufrido desde hace años la crisis económica venezolana y el conflicto armado es un lastre más para estos pueblos. “De esa zona no está saliendo nada de producción, ya nadie ordeña ni siembra”, agrega Calderón.

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