La vigilancia que Colombia y Venezuela hacen sobre sus 2.219 kilómetros de frontera común está a punto de transformarse en medio del restablecimiento de relaciones bilaterales, lo que supone un nuevo enfoque de seguridad para esta zona limítrofe en la que están presentes el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando. El afán de los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, respectivamente, de reanudar la cooperación militar y judicial trae consigo una labor conjunta para erradicar o, al menos, mitigar los flagelos binacionales que cada patria señala como importados. Del lado de Maduro, en lo que va de año, a los llamados “terroristas armados y narcotraficantes colombianos” (“tancol”) les han descubierto y bombardeado 57 pistas ilegales de aterrizaje y el mismo número de laboratorios de drogas en estados como Apure y Zulia.  Mientras tanto, en la trinchera de Petro, las autoridades luchan contra la mega banda criminal venezolana “El tren de Aragua”, que libra vendettas en Bogotá por el control de zonas para el microtráfico de estupefacientes y cuyo accionar incluye un amplio espectro ilícito en Colombia y otros países de Latinoamérica.

Ver fuente