La situación de los migrantes venezolanos en Colombia ha experimentado un considerable deterioro bajo la administración de Gustavo Petro, el actual gobierno ha tomado decisiones que frenan la integración de esta población.

Anteriormente, Colombia se destacaba a nivel mundial por su enfoque inclusivo hacia esta población, implementando medidas como el Permiso Especial de Permanencia (PEP) que facilitaba la residencia legal y el acceso a servicios esenciales. Sin embargo, en los últimos meses, no se han abierto nuevas alternativas de regularización y los procesos administrativos se han vuelto más complicados. La negación de visados y la reducción en la aceptación de solicitudes de refugio son algunos de los obstáculos que enfrentan los migrantes.

Esta situación ha generado una incertidumbre considerable entre los venezolanos en Colombia, quienes enfrentan dificultades para regularizar su estatus y acceder a derechos básicos. La falta de un documento de identidad válido también los excluye de la economía formal y les dificulta cumplir con sus obligaciones tributarias.

El gobierno de Petro ha cerrado la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Presidencia, delegando los asuntos migratorios al Ministerio de la Igualdad, una entidad con recursos limitados y cuya creación fue cuestionada por la Corte Constitucional.

Esta reestructuración ha debilitado la capacidad de respuesta del gobierno frente a la crisis migratoria.

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