Tras el cierre de la frontera ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro en agosto de 2015 y posteriormente las restricciones sanitarias implantadas por Colombia con la pandemia por el covid-19, el uso de las trochas o pasos ilegales se hizo un común denominador para quienes necesitaban trasladarse de un lado al otro. Esto llevó incluso a que los grupos irregulares y diferentes bandas criminales y paramilitares, tanto colombianas como venezolanas se instalaran y adueñaran del lugar y además comenzaran a cobrar comisiones por el paso de personas y de mercancías. Todo esto bajo la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad de ambos países, quienes se han hecho de la vista gorda y no han tomado acciones suficientes para evitar los flagelos. Son más de 100 pasos ilegales los que se han contabilizado entre Táchira y Norte de Santander. Para el expresidente de Fedecámaras en la entidad y experto en fronteras, José Rozo, es trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana expulsar a quienes se han adueñado de esos territorios, teniendo en cuenta que están dentro de la zona de seguridad fronteriza de la nación.  Las trochas deben ser clausuradas. Nuestra Fuerza Armada que es a quien le compete esto por mandato de la Constitución, tiene que clausurarlas y expulsar a las fuerzas extrañas que están allí, sacarlas fuera del territorio.

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