El cuerpo inerte del migrante venezolano Édgar Alexander Córdoba Montesinos permaneció más de cuatro días en la morgue del Hospital de Pamplona. Ninguna autoridad municipal se hizo cargo de su sepultura. Igual ocurrió con el cadáver de Luis Alberto Alarcón Varela, otro venezolano con discapacidad que estaba radicado en este municipio de Norte de Santander, donde falleció por causas naturales en una vivienda del barrio El Camellón el pasado 4 de octubre. “Es muy lamentable. Ninguna institución, ni la Fiscalía ni la municipalidad  atendió el caso”, denunció Diana Capacho, defensora de derechos humanos de la veeduría VediControl, en Pamplona. “¿Quién entierra a los muertos del éxodo venezolano?”, se pregunta indignado José Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, una de las pocas organizaciones civiles que brinda alimentos preparados a los migrantes venezolanos que atraviesan a pie los peligrosos tramos del páramo de Berlín. “La Fundación Aladina pagó los gastos funerarios del muerto venezolano atropellado. Y con el segundo muerto fue la Pastoral Social quien asumió los gastos del sepelio. El gobierno local ni se inmutó al respecto. Es un tema sin resolver y nadie se hace cargo”, reclamó Muñoz.

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