En los primeros días de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos intensificó sus esfuerzos en materia de deportaciones, coordinándose con el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Los vuelos de expulsión, que involucraron a ciudadanos de Centroamérica, Colombia, República Dominicana y Venezuela, se llevaron a cabo entre el 8 y 10 de enero, marcando un inicio de año caracterizado por acciones migratorias contundentes. Esta acción se enmarca en la política de procesar y expulsar rápidamente a aquellos no ciudadanos que ingresan a los Estados Unidos sin una base legal para permanecer en el país. Desde el 12 de mayo del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha expulsado o devuelto a más de 470.000 personas, siendo la mayoría de ellas provenientes de la frontera suroeste. La magnitud de estas cifras supera con creces las remociones y devoluciones realizadas en años fiscales anteriores. Ante el panorama de expulsiones aceleradas, es crucial reflexionar sobre la humanidad y orden en estos procesos. En este contexto, se recomienda mantener un equilibrio entre la aplicación de la ley y el respeto por los derechos humanos, considerando la complejidad de las situaciones migratorias individuales.

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