En el municipio de Chinácota, en Norte de Santander, donde una sentencia de la Corte Constitucional ordenó en abril la reapertura de un burdel, reivindicando el derecho al trabajo de las prestadoras de servicios sexuales de nacionalidad venezolana, un operativo conjunto entre Migración Colombia y Policía Nacional sorprendió el fin de semana a 22 ciudadanas, procedentes del vecino país, ejerciendo esta labor sin la debida documentación.
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