La Corte Constitucional de Colombia ha ordenado al Gobierno Nacional diseñar e implementar, en un plazo de seis meses, una política pública destinada a reducir la saturación administrativa en el trámite de solicitudes de refugio.

La sentencia, basada en el caso de una adulta mayor de nacionalidad venezolana que esperó más de dos años para obtener refugio, destaca la necesidad de garantizar el derecho a buscar asilo de manera efectiva y sin discriminación.

La demandante, una ciudadana venezolana de la tercera edad, experimentó demoras injustificadas y obstáculos en el proceso de solicitud de refugio, lo que motivó la intervención de la Corte Constitucional.

La figura del refugio, que ofrece protección internacional a aquellos que abandonan su país debido a persecuciones, se ve afectada en Colombia por una demora significativa en el proceso administrativo. A cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el trámite para reconocer la condición de refugiado puede extenderse hasta cuatro años, como ilustra el caso en cuestión.

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