Desde el inicio del éxodo masivo del vecino país, hace seis años, las madres gestantes venezolanas son atendidas en los hospitales públicos de Colombia, sobre todo en las zonas de frontera, sin importar su estatus migratorio.  El incremento de la demanda en servicios de ginecología, planificación familiar y salas de parto ha generado una presión financiera en  las Empresas Sociales del Estado (ESE), que en su totalidad deben asumir los costos de estos procedimientos. En razón de eso, el 4 de noviembre, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó la Resolución 1972 de 2021, que determina los montos que se les reconocerán a las ESE que atiendan los partos de las migrantes venezolanas no aseguradas. Esta resolución está basada en el proyecto de Inversión “Fortalecimiento de atención en Salud de la Población Migrante no Asegurada Nacional”, que permite la financiación de la atención por urgencias de partos vaginales y cesáreas de estas mujeres venezolanas, que forzadamente emigraron a Colombia porque en su país no cuentan con el derecho a la salud ni las condiciones mínimas en los hospitales para dar a luz.

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