La postura oficial de la institucionalidad colombiana se aproxima a la movilidad de personas provenientes de Venezuela desde la óptica del humanitarismo. Generosidad, solidaridad y empatía son términos que hacen parte del vocabulario del gobierno nacional y de la mayoría de las administraciones locales. Estos principios justifican en el discurso la emisión extraordinaria de permisos de permanencia, la extensión de la cobertura en salud y educación a migrantes y refugiados, o la promulgación de una ley contra la apátridia dirigida a los hijos de venezolanos indocumentados nacidos en Colombia. De cualquier forma, en medio del desastre económico y la cooptación de libertades individuales en Venezuela, es apenas justo recalcar que las tres son motivaciones válidas. Generosidad, solidaridad y empatía son además el motor de lucha de cientos de funcionarios públicos en los territorios y en las ciudades que, en conjunto con la sociedad civil, son quienes día a día buscan humanizar el proceso migratorio de miles de personas. Sin embargo, existe una profunda brecha sobre la concepción de lo humanitario entre estos funcionarios y ciudadanos, y las élites que los gobiernan. Esta se reviste de una retórica expresamente humanitaria. Pero esta cobertura no les impide usar la movilidad de personas para la consecución de sus propios objetivos políticos.

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