La Corte Constitucional emitió un fallo en defensa de una madre cabeza de familia cuyos derechos fueron vulnerados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) al excluir a su grupo familiar de los potenciales beneficiarios del programa Familias en Acción debido a la nacionalidad venezolana de uno de sus hijos.

Este caso pone de relieve las tensiones y desafíos que enfrentan los migrantes en Colombia y las políticas gubernamentales que pueden afectar su acceso a programas de ayuda social.

La Corte encontró que el DPS había excluido injustamente a la demandante y su familia de los listados de potenciales beneficiarios del programa.

El DPS justificó su decisión operativa de no incluir en los listados de focalización del programa a hogares con integrantes venezolanos que se identificaran con documentos como salvoconductos para refugiados. Argumentaron que esto se debía a la falta de una fuente de información confiable para validar los datos de identificación y supervivencia, con el fin de evitar pagos a personas fallecidas. Sin embargo, la Corte consideró estas exigencias como irrazonables y desproporcionadas, especialmente para los ciudadanos venezolanos que enfrentan una situación de vulnerabilidad como migrantes.

La Corte ordenó al DPS que incluyera a la demandante como potencial beneficiaria del programa de Renta Ciudadana y que definiera fechas para la implementación del mismo, asegurando la entrega efectiva de los subsidios previstos.

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