La cuestión de la movilidad para los carros venezolanos internados en Colombia ha generado controversia y preguntas. Desde la implementación del Decreto N° 2229 en 2017, un grupo de vehículos provenientes de Venezuela quedó registrados y limitados en cuanto a su circulación. Esta restricción ha despertado debates sobre la equidad y justicia de tal medida. El Decreto N° 2229, promulgado en diciembre de 2017, marcó el inicio de la internación y registro de alrededor de 62.000 carros y motos provenientes de Venezuela. Este proceso se completó en 2019, obligando a los propietarios a pagar un impuesto anual para poder circular en el departamento de Norte de Santander. Sin embargo, esta regulación ha llevado a un efecto inesperado: la prohibición de estos vehículos de salir del departamento, lo que ha suscitado preocupación y críticas por su falta de equidad. En busca de una solución, se han propuesto cambios que permitan la circulación nacional de los carros venezolanos internados que pagan impuestos. La posibilidad de utilizar la tarjeta de registro expedida como mecanismo de control para la venta de gasolina subsidiada también ha sido mencionada. No obstante, hasta el momento, no ha habido respuesta concreta por parte del Ministerio de Hacienda ante estas propuestas.

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