La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró el lunes que la implementación de la Providencia Administrativa No. 001-2021, dictada por la administración de Nicolás Maduro, representa una amenaza sistemática contra las ONG en el país. La CIDH advirtió que obligar a las ONG a revelar la información de sus donantes y beneficiarios tiene el potencial de promover la estigmatización de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Consideró preocupante que las organizaciones sin fines de lucro sean obligadas a identificar a las personas beneficiarias de sus actividades, lo que podría incrementar su situación de vulnerabilidad y el riesgo de ser víctimas de represalias. Por ello, la Comisión reiteró que el derecho a recibir financiamiento en el marco de la cooperación internacional para la defensa y promoción de los derechos humanos está protegido por la libertad de asociación.