Amnistía Internacional (AI) denunció que Colombia, Ecuador, Perú y Chile incumplen sus obligaciones internacionales con respecto a la protección de migrantes. Emplazó a los Estados a redoblar los esfuerzos para brindar respuestas adecuadas a las necesidades de las más de 7.32 millones de personas venezolanas. El señalamiento lo hizo en su informe «Regularizar y Proteger«. Recomendó a los mencionados países que garanticen a los migrantes el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada, y adoptar medidas para asegurar y expandir la aplicación de la definición de persona refugiada de la Declaración de Cartagena de 1984. «Amnistía Internacional observa que las autoridades de estos países no han priorizado el uso de la figura del asilo. No solo han optado por no realizar reconocimientos grupales o prima facie de personas venezolanas, sino que rara vez usan la definición ampliada de la Declaración de Cartagena contenida en sus legislaciones nacionales para otorgar protección a esta población. Las cifras disponibles en Colombia, Perú, Ecuador y Chile muestran que pocas personas venezolanas han solicitado asilo, y que muy pocas de quienes lo han solicitado han sido reconocidas como refugiadas», señaló en el informe.

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