Más de 1.000 venezolanos han sido desalojados de sus viviendas arrendadas en Bogotá en lo que va de julio, según denunció Ana Karina García, presidenta de la Fundación Juntos Se Puede, quien explicó que la decisión de los arrendadores o dueños de los predios obedece a la terminación del decreto 093 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá el pasado 25 de marzo, que prohibía el desalojo de migrantes durante el aislamiento obligatorio. García le dijo al Proyecto Migración Venezuela que, como consecuencia, aumentó dramáticamente la recepción que hace esa organización de denuncias de lo mismo: el lanzamiento de familias enteras a la calle. En ese sentido, aseguró la presidenta, también se incrementó el flujo de familias venezolanas —muchas de ellas con niños y ancianos— caminando por la Autopista Norte con dirección a la frontera con Venezuela en Cúcuta.

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