Estados Unidos endurece la evaluación financiera de algunos solicitantes de visas de inmigrante, en el marco de nuevas medidas del Departamento de Estado para determinar si una persona podría convertirse en una “carga pública” después de ingresar al país.

El Departamento de Estado informó que actualmente utiliza un programa piloto que permite a funcionarios consulares exigir, en determinados casos, que solicitantes de visas de inmigrante gestionen ante USCIS un bono de carga pública. Esta medida busca ofrecer una vía adicional para superar una posible inadmisibilidad relacionada con este criterio.

La normativa establece que, al evaluar un caso, pueden considerarse factores como la edad, salud, situación familiar, recursos y situación financiera, educación y habilidades del solicitante. También puede tomarse en cuenta una declaración jurada de apoyo económico cuando corresponda.

La medida afecta principalmente a personas que buscan obtener una visa de inmigrante para establecerse permanentemente en Estados Unidos, incluidos determinados procesos familiares y laborales.

El Departamento de Estado también mantiene otras medidas que afectan actualmente el procesamiento de visas de inmigrante para determinadas nacionalidades. Desde enero de 2026, por ejemplo, existe una pausa en la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de varios países, entre ellos Colombia, Cuba y Venezuela, de acuerdo con la lista publicada por la propia agencia.

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