Hace apenas unos días, a finales de noviembre, miembros del ELN convocaron a una reunión a los habitantes de El Palotal, en la frontera de Venezuela con Colombia. Dos hechos resaltan: la utilización de los consejos comunales para la convocatoria y la facilidad con la que los guerrilleros se identificaron. La FANB, que tiene la obligación constitucional de defender el territorio y la soberanía, no solo parece incapaz de enfrentar a los grupos irregulares, sino que parece haberse resignado a dejar en manos de la guerrilla el control de los pueblos fronterizos. Desde el momento en que el Gobierno venezolano ordenó el cierre de esos pasos, trasladarse a territorio colombiano se convirtió en otro gran negocio para la poderosa industria del contrabando, que es la verdadera razón por la que paramilitares y guerrilleros se disputan el territorio venezolano. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar en Cúcuta, declaró que “La Línea controla el puente internacional de Ureña y se han dedicado a descuartizar y desaparecer gente. Es el grupo más violento que hemos conocido. Le manda vídeos a los familiares de la tortura, todo para sacar plata. Tiene gente venezolana, porque se han encargado de reclutarlos”.