El negocio criminal del tráfico de órganos está en auge en la extensa frontera que comparten Colombia y Venezuela. La infinidad de grupos irregulares, que operan en los límites entre ambos países han agregado esa actividad a las ya habituales. Recientemente, el rescate de un persona secuestrada en la Guajira venezolana, reveló la creciente actividad de trata de personas,  contó que fue víctima “de grupos irregulares que operan en la frontera y que se dedican a la venta de órganos humanos”. La situación disparó las alarmas entre los grupos e instituciones colombianas que han seguido de cerca el fenómeno de la migración venezolana, debido a que serían muchas las personas que estarían poniendo en riesgo sus vidas. En julio de 2018 la fundación Redes de Venezuela denunció la operación de una red que operaba en la zona de frontera y cuyas víctimas serían parte de los indígenas Yukpa. “Estarían matando a indígenas para extraer sus órganos en centros clandestinos”, decía la denuncia. Los grupos liderados por los pranes son quienes ejercen toda esa violencia. Se trata de organizaciones dirigidas por expresidiarios venezolanos que manejan el interior de las cárceles de ese país, a través del uso de la violencia. De esa manera controlaban el tráfico de drogas y armas dentro de las cárceles y también manejaban actividades delincuenciales fuera de los recintos penitenciarios. El escenario de riesgo hacia la zona de frontera se viene “agudizando progresivamente”, ya que estos grupos armados que operan en las trochas, además de mantener el control socio-territorial en el lado colombiano, también lo hacen en el lado venezolano, donde –además– han generado desplazamientos masivos de las poblaciones que se encuentran asentadas en varios puntos de la frontera.

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