La medida adoptada por la administración Trump elimina la extensión otorgada por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que homologaba las dos designaciones de TPS emitidas en marzo de 2021 y en julio de 2023. Esta extensión garantizaba la protección de aproximadamente 600.000 venezolanos hasta octubre de 2026.

Frente a esta situación, organizaciones de derechos de los inmigrantes están preparando demandas en cortes del país para enfrentar la decisión. Ferro enfatizó que existe un precedente favorable, pues en la primera presidencia de Trump se intentó eliminar el TPS de salvadoreños, hondureños y sudaneses, pero la demanda logró frenar la medida.

“Más de 100 organizaciones hispanas, de todo tipo, que son proinmigrantes, de todas las nacionalidades y todas estadounidenses, vamos a ir a Corte. Estamos muy esperanzados y optimistas porque este es un país de leyes y hay separación de poderes, y ya esto ha pasado antes”, manifestó.

El objetivo de estas demandas, indicó, es obtener una orden judicial que mantenga la protección del TPS mientras se resuelve el caso en tribunales. “Nosotros tenemos mucha fe. La esperanza es que los jueces que tomen los casos decidan que mientras el caso está andando, las personas queden con alguna suerte de protección para que no sean sujetos de deportación”, agregó.

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