Los terremotos del 24 de junio en Venezuela no solo provocaron una emergencia humanitaria marcada por la destrucción de viviendas, daños en infraestructura y miles de personas afectadas, sino que también abrieron una discusión sobre las herramientas legales internacionales disponibles para proteger a quienes puedan verse obligados a abandonar el país.

Los movimientos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5 causaron graves consecuencias en varias zonas del norte venezolano, especialmente en comunidades donde muchas familias perdieron sus hogares y enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos. Esta situación podría generar nuevos desplazamientos internos y transfronterizos, especialmente entre personas que consideran que ya no cuentan con condiciones suficientes para permanecer en sus lugares de origen.

Ante este escenario, especialistas en derecho internacional han señalado la importancia de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, un instrumento regional que amplió la definición tradicional de refugiado para incluir a personas afectadas por situaciones que alteren gravemente el orden público.

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