El rifirrafe en que están trenzados los conductores del servicio público individual de Colombia y Venezuela, por la forma en que según ellos los tratan las autoridades de transporte, avivó ayer el ambiente con las denuncias que de parte y parte se lanzaron hacia ambos lados. Los taxistas binacionales le aseguraron a La Opinión que son víctimas de una persecución sin cuartel por parte de las autoridades para no dejarlos trabajar libremente como ocurría antes de que se produjera el cierre de la frontera en 2015.  Por el lado colombiano, el presidente del sindicato de taxistas de Cúcuta, Juan Carlos Bastos, desmintió las versiones que existen del lado venezolano en las que se asegura que a los taxistas nacionales les están pagando cinco dólares por cada pasajero que lleven al terminal de Ureña. Los taxistas cucuteños se quejan de las extorsiones de la policía en Ureña.

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