La regularización extraordinaria de migrantes en España mantiene su curso legal y operativo tras un pronunciamiento judicial determinante. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó las solicitudes de paralización cautelar que habían presentado diversos actores políticos y sociales de la oposición, permitiendo que el plan gubernamental de documentación continúe sin interrupciones.

La decisión del Alto Tribunal llega después de analizar exhaustivamente los argumentos expuestos en cinco audiencias sucesivas, consolidando así el marco jurídico de un procedimiento que busca dotar de estatus legal a cientos de miles de ciudadanos extranjeros que ya residen y trabajan dentro del territorio nacional.

El dictamen judicial generó una reacción de profundo alivio y satisfacción en el seno del Ejecutivo central, cuyos portavoces celebraron la resolución por el impacto humano y social que conlleva. Voces autorizadas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones expresaron a los medios de comunicación su absoluto respeto por la independencia de los tribunales y valoraron de forma positiva el dictamen que frena las intenciones suspensivas de agrupaciones como Vox y la administración autonómica madrileña.

Para el equipo gubernamental, este paso al frente de la justicia aclara el panorama inmediato y el porvenir de miles de familias que anhelaban una respuesta definitiva a su situación de vulnerabilidad administrativa.

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