Lucía tiene 50 años y es una persona con una condición de discapacidad física. Cuenta con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) con el cual pudo hacer su proceso de afiliación a la EPS y lograr ver la situación de su pierna. Sin embargo, el par de muletas con el cual hoy cuenta lo consiguió tras recibir un apoyo de la Fundación Mujer Denuncia y Muévete. Ha tenido que explotarse sexualmente como mecanismo de supervivencia, debido a que no la aceptan en los empleos a los cuales ha llegado por sufrir una doble discriminación. Lucía es una de las historias de cientos de migrantes que llegan provenientes de Venezuela con una condición de vulnerabilidad. El Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio del Ministerio de Salud hace referencia a las dificultades de salud física y emocional, y a la condición de discapacidad, que enfrentan las personas refugiadas y migrantes en los diferentes momentos de su tránsito. Este mismo documento menciona que en el 2018 un 2,6% de la población presentó algún tipo de discapacidad, es decir 11.648 personas según los reportes de las personas en condición migratoria regular.

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