A simple vista, la movilidad por el puente internacional Simón Bolívar refleja un tránsito de ciudadanos que está sujeto a las normativas emanadas de Migración Colombia al momento de ingresar a suelo neogranadino: presentar el carnet fronterizo y cumplir con el `pico y cédula. Sin embargo, de las entrañas del paso formal emergen escenarios que rayan en lo ilegal y repercuten en la seguridad de los transeúntes. Recientemente se han acentuado las denuncias en torno a las extorsiones que sufren los ciudadanos en el corregimiento de La Parada, zona comercial con la que se tropiezan los venezolanos una vez terminan de atravesar el puente. Algunos grupos de personas, camufladas en el traje de carretilleros o “lomotaxistas”, van rodeando al ciudadano, que eligen como su próxima víctima, y le van exigiendo, sin que la conversación genere sospecha, el pago de una supuesta “tasa de salida”, para que su “seguridad prevalezca”. Las escenas de amedrentamiento y extorsión han ido en aumento.

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