Los adelantos en la región para reducir las brechas de género han sido pausados y la pandemia de Covid-19 agravó las desigualdades prexistentes. En Venezuela, el impacto es de mayor grado debido a la emergencia humanitaria compleja que afecta al país, lo que ha significado un mayor peso para las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas. Estos retos que enfrentan las mujeres fueron expuestos este año por diversas organizaciones para el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (EPU). En el compilado informativo, uno de los tres informes en los que el organismo se basa para analizar el caso Venezuela, se expone que el país suramericano no ha cumplido con las obligaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará en materia de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Asimismo, denuncian que el Estado venezolano no ha cumplido con el establecimiento de tribunales especializados en violencia contra la mujer (VCM), incluyendo zonas rurales y fronterizas. La inexistencia de casas de abrigo adecuadas, así como medidas preventivas para la protección de las víctimas deriva grandes barreras en el acceso a la justicia, aunado a la falta de capacitación en funcionarios públicos para atender las denuncias de las víctimas.