El Ayuntamiento de Doral, en Florida (EE UU), estaría considerando un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que permitiría a su cuerpo policial asumir funciones en materia migratoria. La decisión podría concretarse en los próximos días y responde a una iniciativa federal impulsada por el gobierno de Donald Trump.
El acuerdo se apoyaría en el programa 287(g) y si se firma, los policías de Doral podrían interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de estar en situación migratoria irregular. A pesar de esto, funcionarios locales piden a las personas no preocuparse por esta medida y argumentan que solo se trataría de un “entrenamiento” para casos específicos.
El programa 287(g) es una herramienta federal que permite a agencias policiales locales colaborar con ICE. Bajo este esquema, los agentes reciben entrenamiento especial para aplicar leyes migratorias y actuar como una extensión del gobierno federal.
El modelo ya fue implementado en el año 2012, pero se suspendió tras múltiples denuncias. Una investigación del Departamento de Justicia reveló que se utilizó para detener ilegalmente a personas y hacer redadas sin justificación en comunidades latinas, por lo que la institución concluyó que fomentaba la discriminación.