La situación que enfrentan los migrantes que retornan a Venezuela no es nada sencilla pues a los rigores propios de una vuelta a la patria sin recursos económicos y escasas condiciones de movilidad, al llegar a la frontera deben enfrentar la decisión de ingresar cumpliendo los protocolos regulares e ingresar a un Punto de Asistencia Social Integral (PASI) o arriesgar su vida y sus escasas pertenencias a través de los pasos irregulares. Estos pasos, también conocidos como trochas, ahora además representan riesgo de cárcel en una de las más peligrosas prisiones de Venezuela y sufrir acusaciones tan graves como la de tráfico humano, que constituye un delito de lesa humanidad, sin derecho a beneficios procesales en la legislación venezolana. Recientemente se han suscitado dos protestas en los PASI de San Antonio del Táchira, donde los migrantes retornados denuncian deficientes condiciones de alimentación y exigen el retorno a sus hogares. En otras regiones como la frontera entre Arauca y el estado Apure, las denuncias de malos tratos, falta de servicios públicos y escasa alimentación, han sido respaldadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de la iglesia católica. El Obispo del Táchira, Monseñor Mario Moronta calificó estos lugares como “campos de concentración”.

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