De ocho a 15 años de cárcel, más una multa, es la pena que contempla actualmente el Código Penal Colombiano por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, un delito que viene en alza en Colombia y Norte de Santander ante el recrudecimiento del conflicto armado, pero también como consecuencia de las nuevas dinámicas delictivas que se han creado en los centros urbanos.
En este contexto se llevó a cabo el panel “Cruzada contra el Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes para la comisión de delitos”, organizado por la Policía Nacional, y que también contó con la participación de representantes de la Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, la sala penal del tribunal superior del distrito judicial de Cúcuta y la organización no gubernamental Antitrafiking Bouro, ATB.
Ariacna Lara, delegada de la Fiscalía General de la Nación en Norte de Santander, señaló que incrementar el castigo actuaría como agente disuasivo en las personas que están vinculadas a este delito.
Una posición distinta manifestaron los representantes de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familia, Icbf, y la propia Policía, al considerar que un incremento de la pena no necesariamente se traduciría en la reducción del delito, pero además que podría poner en riesgo a los menores que siguen en poder de los reclutadores.