Desde el pasado 3 de enero, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ordenó desplegar un plan de intervención urgente en el departamento de Arauca, con el fin de garantizar los derechos y las rutas de atención adecuadas por parte de las entidades territoriales y entes del Estado, para los ciudadanos colombianos y venezolanos que están siendo víctimas de desplazamiento forzado y violencia, por cuenta de los enfrentamientos armados que se registran entre grupos ilegales (Disidencias de las Farc y ELN), en los municipios de Tame, Saravena, Fortul, Arauquita y Arauca capital, zona fronteriza con Venezuela. La comisión especial de profesionales del Ministerio Público, liderada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría Regional de Arauca, está haciendo presencia de manera permanente en estos municipios, para atender a las personas y familias que llegan desplazadas de las diferentes zonas rurales y de la línea fronteriza, para verificar su ingreso efectivo a la ruta de atención estatal dispuesta para protegerlos y solventar sus necesidades.