El pasado miércoles 24 de junio se materializó nuevamente una expulsión masiva de personas migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellas venezolanas; quienes serían devueltas a un país que vive una profunda crisis de derechos humanos. Esta sería la quinta maniobra orquestada por autoridades gubernamentales para la expulsión de migrantes y solicitantes de protección internacional, y lamentablemente es muy posible que haya más. Esta decisión evidencia un desprecio a los derechos humanos y constitucionales que protegen a estas personas, y que el Estado chileno está obligado a respetar. Es preocupante además la estrategia mediática utilizada por el Gobierno, reforzada en parte por ciertos medios de comunicación; la que, por ejemplo, para el caso de las 56 personas venezolanas expulsadas el 6 de junio, resalta a las 19 personas que cursaban un proceso judicial que cumplirían en su país de origen; invisibilizando así, por otro lado, al resto de las 37 personas cuya expulsión era de carácter administrativo (es decir, por haber ingresado por un paso no habilitado). Y en todos los casos, invisibiliza el hecho de que mayormente se trataba de personas venezolanas que posiblemente venían a buscar protección desde un país que se encuentra en una grave crisis humanitaria, y al cual están siendo devueltos sin protección alguna.

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