Más de diez expertos en derechos humanos de la ONU solicitaron al régimen venezolano eliminar las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil, cuya participación consideran indispensable para la recuperación y reconstrucción del país tras los terremotos.

Organizaciones de derechos humanos, redes vecinales y entidades nacionales e internacionales participan en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos, la atención directa a las víctimas y la distribución de medicamentos, suministros sanitarios y otros servicios esenciales.

Los expertos señalaron que parte de esa asistencia no llegaría a las comunidades afectadas sin la intervención de estas organizaciones.

Pese a su papel en la emergencia, las organizaciones enfrentan obstáculos derivados de una legislación que regula a las ONG y otras asociaciones sin fines de lucro, advirtieron.

La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, conocida como “ley anti-ONG”, fue aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela en 2024.

La normativa obliga a las organizaciones a inscribirse o reinscribirse ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Los expertos afirmaron que muchos de esos trámites permanecen paralizados por la falta de respuesta de las autoridades, lo que amenaza la continuidad jurídica de las entidades.

También cuestionaron las normas bancarias que someten a las ONG a una supervisión más estricta que la aplicada a otros actores y dificultan la recepción y administración de fondos, incluidas las contribuciones procedentes del exterior.

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