El aumento de la trata de personas en Venezuela preocupa a las autoridades, a la ONU y a las agrupaciones de derechos humanos. La ONU ha cuestionado el retraso en la publicación de un plan nacional para desacelerar el impacto del delito, especialmente cuando se trata de personas dedicadas a captar a niñas para la explotación sexual. El Gobierno creó en julio de 2021 un consejo presidencial para combatir el problema. Pese a la ausencia de datos oficiales, existe el convencimiento colectivo de que este delito atrapa cada día a más venezolanos que viven en la pobreza. Un grupo de ONG locales y extranjeras y dos agencias de Naciones Unidas, crearon una estrategia para hacer frente al tráfico de migrantes, ofertas engañosas de empleo, la explotación sexual y todas las prácticas ideadas por los tratantes.  «Las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas continúan siendo el grupo más vulnerable, con fines de explotación sexual», sostienen las organizaciones de ayuda. La ONG Cáritas, que tiene casas de paso en el estado Sucre, indicó a EFE que recibe frecuentemente a grupos de venezolanas deportadas de Trinidad y Tobago, muchas de ellas «heridas» o «embarazadas» luego de meses de explotación sexual en el país insular.  Además, el OVV ha llamado la atención sobre el aumento de estos casos en zonas del sur dedicadas a la minería ilegal, fronterizas con Brasil y Colombia.

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