En Venezuela, cada 18 horas ocurre una acción violenta contra la mujer. Impartir justicia y protegerlas, así como elaborar  políticas o planes nacionales con un enfoque multidimensional que contribuyan a eliminar la violencia de género, son obligaciones atribuidas al Estado venezolano. Sin embargo, ante su evidente inacción respecto al agravamiento de la agresión a la mujer y al aumento de femicidios en el país —con el confinamiento por la pandemia por coronavirus como factor agravante—, las ONG han asumido más responsabilidades de las correspondientes y han sobrepasado sus capacidades para asistir a las víctimas. Los operadores de justicia, que deberían garantizar los derechos de protección de la mujer y el debido proceso, en la mayoría de los casos no están prestos a atender  denuncias contra agresores, por lo que las mujeres —ya con temor a denunciar y vulnerables ante un aumento de riesgos para sus vidas y las de sus hijos— terminan no denunciando para evitar ser revictimizadas y sufrir violencia institucional, denunciada ya por asociaciones como Tinta Violeta. Así, la escasa formación de funcionarios sobre el abordaje institucional de la violencia contra la mujer alimenta la cultura de la no denuncia.

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