En Colombia, miles de venezolanos enfrentan un panorama laboral marcado por la precariedad y la exclusión. Albañiles, mecánicos y repartidores, como Cemir, Maicol y Jhonier, sortean cada día riesgos físicos, inestabilidad económica y trabas legales para sobrevivir.

La falta de documentos, el desconocimiento de procesos y las limitaciones económicas los relegan a trabajos informales, sin acceso a salud ni seguridad social.

La ausencia de un permiso de permanencia los limita a obras informales, donde los contratan sin exigir documentos, pero también sin garantizar pagos puntuales ni condiciones seguras. Esta realidad afecta a más de un millón de migrantes que, según la Plataforma R4V, carecen de acceso a servicios sanitarios por barreras económicas y administrativas.

La falta de claridad sobre procesos migratorios es un obstáculo común para estos trabajadores. A pesar de iniciativas como el Estatuto Temporal de Protección, muchos venezolanos no saben cómo beneficiarse de él o enfrentan trámites engorrosos. Esta desinformación los expone a explotación laboral, rechazo por su nacionalidad y exclusión de servicios esenciales. La urgencia de un sistema que facilite el acceso a la información y agilice la regularización es clave para integrar a esta población y garantizarles condiciones dignas.

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