A finales de julio pasado, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) emitió la resolución DG 00781 CJ-0230-CN00789 que prohíbe autenticar permisos de viaje para niños y adolescentes por medio de un poder general o un poder especial.
La migración venezolana ya supera las 4 millones de personas, según registros de Acnur, y ha producido un fenómeno: el de los niños «dejados atrás». Se trata de padres que dejan a los menores de edad a cargo de el otro progenitor, o en manos de abuelos u otros familiares. Hasta ahora, lo administrativo era resuelto dejando un poder notariado que le diera potestad a ese adulto de tomar decisiones con respecto al pequeño. Ahora esos documentos no tienen validez.