Pasados varios años del estallido de la crisis en Venezuela y el arribo de estos migrantes a territorio colombiano en busca de mejores oportunidades de vida, todavía se presentan diferentes obstáculos con algunas entidades del gobierno que impiden que estas personas accedan a un estilo de vida digno. Fuera de la estigmatización y la xenofobia que se impulsaron a raíz de estas migraciones, los problemas legales de nacionalidad también aquejan a aquellos que se encuentran dentro de Colombia, especialmente a quienes tienen derecho de denominarse colombo-venezolanos. Miles de personas con derecho a ser nacionalizados colombianos han visto cómo sus cédulas han sido canceladas por la propia Registraduría Nacional del Estado Civil, quedándose sin el documento más importante para acceder a los mínimos servicios que garantizan una vida aceptable. La situación llegó a tal punto que dentro del marco del periodo de sesiones número 184, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia pública en la que se expuso la problemática, se evaluó las consecuencias y solicitó al Gobierno colombiano tomar cartas al respecto.