En España han sido acogidos un total de 90.396 venezolanos por razones humanitarias desde 2019, cuando se empezó a aplicar este tipo de protección al entender que en su caso no se dan las condiciones para ser reconocidos como refugiados ni beneficiarios de protección subsidiaria. En marzo de 2018 la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) instó a los Estados a otorgar a estos ciudadanos la protección debida, porque Venezuela vivía una crisis humanitaria y no se podía devolver a nadie al país. A raíz de esa recomendación de la ONU, el Gobierno español comenzó a aplicar la fórmula de protección por razones humanitarias para dar una respuesta adecuada y acorde con la ley de Asilo a los venezolanos que huyen de su país.  “Hasta entonces, España, con gobiernos de distinto signo, denegaba las solicitudes de protección internacional de los venezolanos”, recuerda a EFE la directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres. Esta fórmula, que empieza a aplicarse “partiendo de una crisis humanitaria y no de una situación política”, se traduce en un permiso de residencia y trabajo por un año prorrogable para que los afectados no queden en un limbo jurídico.

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