Cerca de 334 personas, entre colombianos y venezolanos, viven desde hace año y medio en la comunidad 7 de Mayo, un asentamiento conformado por viviendas precarias hechas de plástico, maderas viejas y láminas de zinc en la región del Caribe de Colombia.  Los pisos de estas viviendas en las que viven 98 familias son de tierra y polvo si la temporada es de verano o de barro y agua, si ha llovido. No cuentan con agua potable, ni alcantarillado, mientras que la energía la toman de los postes vecinos y el gas se lo proveen en pipetas. Estos migrantes no tienen fuentes de empleo formal y mucho menos seguridad social, por lo que se rebuscan la vida vendiendo lo que pueden en los poblados vecinos, en la carretera o desempeñando labores de campo de donde sacan escasamente para el diario. Casi la totalidad de las familias de esta comunidad constituida por venezolanos y colombianos, algunos de ellos desplazados por la violencia, han pasado sus vidas migrando entre las dos naciones.

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