El camino para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva se ha vuelto tortuoso para las migrantes venezolanas que residen o transitan por Colombia, quienes deben enfrentar barreras exacerbadas por la xenofobia y la discriminación para poder abortar o conseguir anticonceptivos. Así lo señala la reciente investigación denominada «Uno pasa por muchas cosas» realizada por La Mesa por la Vida y la Salud de la Mujeres. En su informe, la Mesa ha identificado tres categorías de barreras para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo: el desconocimiento del marco legal, su interpretación restrictiva y las fallas en la prestación del servicio de salud. «A eso se le añade la xenofobia y discriminación. Hay un énfasis en solicitarle a las mujeres migrantes dar cuenta de un estatus migratorio regular. Entonces, bajo el argumento de mostrar un estatus regular se produce la negación de los servicios o el tipo de orientación que las mujeres reciben», explica a Efeminista Juliana Martínez, PhD en Ciencias Humanas y Sociales, exsecretaria de Mujeres en Medellín y la autora de la investigación. Durante el período de investigación, entre 2018 y 2021, estos servicios que «debía prestar el Estado, pasaron a ser asumidos con mayor fuerza por la cooperación internacional y por las organizaciones de la sociedad civil», afirma.

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