En estos días, hemos visto a empresarios de traje cruzando de un lado a otro de la frontera entre Colombia y Venezuela llenos de expectativas. Con el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones de junio pasado, se abrió un camino para el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, que ya han nombrado a embajadores. Se hacen proyecciones de crecimiento económico y se busca pasar rápido la página de siete años de duras hostilidades, cierre fronterizo y tres de total congelamiento diplomático. Poco hablan las autoridades de las complicadas dinámicas que ha traído la crisis migratoria del país petrolero, como la trata de mujeres y niñas venezolanas, un asunto que debería ser crucial en una agenda binacional enfocada en los derechos humanos. Hace unos días, la organización Mulier presentó su informe Libres y Seguras, en el que hace el monitoreo de la trata de venezolanas. 415 mujeres, de las cuales 138 son niñas y adolescentes, fueron rescatadas de alguna red de trata de personas durante 2021, reveló la investigación. Otro horror recoge este informe: el aumento de niñas y adolescentes venezolanas rescatadas pasó de unas 90 jóvenes en 2019 a unas 138 en 2021. “Esta situación responde a las “lógicas pedofílicas” que atraviesan la trata, así como el incremento en las cifras de menores de edad no acompañadas que se encuentran “en condiciones de movilidad humana”, explica la organización.

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