La migración de indígenas es parte del fenómeno que en Venezuela no solo es evidente, sino que es un hecho recurrente al punto de convertirse en un fenómeno diario. El Estado venezolano no ha podido garantizar los derechos constitucionales a los 23 pueblos indígenas que existen en Venezuela, cuyo reconocimiento tiene un sustento legal desde la aprobación de la Constitución de 1999, que tiene entre sus capítulos, el dedicado exclusivamente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Lo que en la teoría es un gran avance desde el punto de vista del reconocimiento político y jurídico, en la práctica es solo un instrumento que no incide en la vida de los originarios. Las instituciones públicas, las leyes, los funcionarios con responsabilidades directas en la vida de los indígenas no pueden atender eficientemente a los originarios. Así lo han denunciado diversas organizaciones no gubernamentales como la Asociación Cooperativa Kapé-Kapé y Provea en su más reciente informe.

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